Raspando: la vida entre los desposeídos de Venezuela

Por Girish Gupta

The New Yorker – Marzo 6, 2014

Cuando conocí a Marisela Méndez en San Cristóbal, Venezuela, cerca de la frontera de ese país con Colombia, me mostró la palma de su mano. Más de siete horas antes, alguien le había escrito en la mano “1.296” con un marcador negro para indicar su puesto en la cola de Garzón, un gran automercado. La cola se extendía por cientos de metros a lo largo de una valla en las afueras de la ciudad. “Escuché que tienen harina y leche”, me dijo Méndez, de 41 años de edad. “Ya hace tiempo que no tengo de eso”. Las montañas de los Andes venezolanos estaban demasiado lejos para protegerla del sol de la tarde.

San Cristóbal es la capital del estado Táchira, en Venezuela. Hace un mes, los estudiantes comenzaron a protestar aquí después del intento de violación de una estudiante en el jardín botánico de una universidad local. Los estudiantes estaban descontentos por el reciente aumento del crimen en el campus y sentían que el gobierno local no lo había combatido adecuadamente. Algunos de los manifestantes fueron detenidos por las autoridades, lo que hizo que sus compañeros salieran a las calles tanto en San Cristóbal como otras ciudades cercanas. Con el respaldo de políticos de oposición, las protestas se extendieron desde entonces a lo largo del país con denuncias de los participantes sobre las colas en los automercados, la inseguridad económica y otros perjuicios que aseguran son síntomas del fracaso del gobierno del presidente Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela. El miércoles, el gobierno realizó un desfile para conmemorar el primer aniversario de la muerte del presidente Hugo Chávez; mientras tanto, las protestas continuaron. En ellas han participado decenas de miles de personas y han dejado al menos 20 muertos. En San Cristóbal, continúan con gran intensidad. Las calles están bloqueadas por barricadas de basura en llamas, escombros y alambre de púas; manifestantes adolescentes se pasean con cocteles Molotov y tirachinas, y reciben el apoyo de muchos residentes de mayor edad. Méndez apoya las protestas pero agregó, “La verdad, no sé qué es lo que van a lograr”.

Venezuela actualmente exhibe una tasa de inflación de más del 56 por ciento y un índice de escasez —el porcentaje de productos que no están disponibles— que registra un máximo histórico del 28 por ciento. Esta situación ha sido consecuencia en gran parte de los controles económicos del gobierno. En 2003, Chávez estableció un control de cambios después de una gran huelga petrolera que perjudicó la economía del país. Los controles anclaron la tasa de cambio frente al dólar estadounidense y limitaron la cantidad de bolívares, la moneda local, que los venezolanos podían intercambiar, con el objetivo de estabilizar la economía al tratar de frenar la inflación y la fuga de capitales. Estas políticas no tuvieron el efecto deseado. Once años después, la medida ha disminuido profundamente los incentivos a las empresas para producir e importar productos, y ha dividido al país entre aquellos con acceso a divisas fuertes y aquellos que no lo tienen.

Hoy, los dólares pueden venderse en el mercado negro por más de 10 veces la paridad oficial, según sitios web que hacen seguimiento a la tasa de cambio del mercado negro, tales como DolarToday. Aquellos con acceso a dólares pueden vivir extremadamente bien. Un vuelo de Caracas a Nueva York cuesta unos once mil bolívares —más de mil quinientos dólares al cambio oficial, pero poco más de 100 dólares a la tasa del mercado negro. Existe un sin número de trucos para aprovechar este situación. Uno de los más conocidos es conocido como el raspao. Los venezolanos pueden obtener una cantidad limitada de moneda fuerte a la tasa oficial en una tarjeta de crédito si demuestran al gobierno que tienen un motivo para gastarlo en el extranjero. Fuera del país, convierten esa cantidad a efectivo y la traen de vuelta para venderla en el mercado negro, con lo que obtienen una ganancia enorme.

Al mismo tiempo, de los anaqueles falta mucho más que harina y leche. En noviembre, los militares ocuparon la cadena de tiendas de electrodomésticos Daka, similar a Best Buy en Estados Unidos, y la obligaron a vender a los precios “justos” que el gobierno consideraba apropiados. Esta medida se extendió eventualmente a otros productos; muchas tiendas simplemente cerraron sus puertas en lugar de vender con pérdidas, mientras que otras permanecieron abiertas pero prácticamente sin inventario. Para exacerbar la situación, el presidente Maduro decretó en enero la Ley de Precios Justos, que estableció el margen de ganancia máximo para “cada agente” —incluyendo fabricantes y vendedores— en un 30 por ciento. Las vendedores dicen que tienen graves problemas para obtener dólares a la tasa oficial a través de los complicados mecanismos impuestos por el gobierno y por ello recurren al mercado negro, lo que implica cobrar precios que el gobierno califica de injustos. El gobierno ha implementado varios sistemas cambiarios para tratar de resolver la escasez de dólares, pero ninguno ha logrado cubrir la demanda, tal como lo indica la descontrolada tasa de cambio en el mercado negro.

La gente de San Cristóbal se lleva la peor parte de la escasez debido a la cercanía a la frontera. Los colombianos vienen a esta ciudad con divisas fuertes a comprar productos con precios controlados, y luego los sacan como contrabando para revenderlos en su país. Esto ocurre especialmente con la gasolina. Los precios de la gasolina en Venezuela son los más bajos del mundo —unos seis centavos de dólar por galón. Del lado colombiano de la frontera, los pimpineros, como se conoce a los contrabandistas de gasolina, hacen colas de varios kilómetros con sus bidones, generalmente ocultos en cajas de madera, para revender la gasolina a precios mucho más altos.

Los controles cambiarios anteceden a Chávez. La tasa de cambio se fijó por primera vez en 1934, cuatro años después de que el bolívar abandonara el patrón oro. Antes del llamado Viernes Negro de 1983 en Venezuela —cuando la moneda acusó una fuerte devaluación y se impusieron límites estrictos al cambio de divisas—, el bolívar era una de las monedas más estables de la región. Surgieron los problemas económicos; la situación empeoró en los años ochenta producto de las políticas económicas del presidente Jaime Lusinchi, que tuvieron mucho peso en el descontento que ayudó a llevar a Chávez al poder en 1999. Maduro, que llegó a la presidencia tras la muerte de Chávez el año pasado, atribuyó los problemas a una “guerra económica” desatada por la oposición con la ayuda de Washington. Maduro ha culpado a una “facción nazi-fascista” por la violencia ocurrida en las manifestaciones.

Las protestas continúan a lo largo del país. Aunque no parecen estar perdiendo fuerza, hay pocas señales, como me dijo Méndez, de que vayan a producir algún cambio. Mientras seguía esperando pacientemente en la cola del automercado, dijo, “No somos fascistas. ¿Ves aquí a algún fascista? Sólo queremos comida para alimentar a nuestros hijos”.

Girish Gupta es un periodista radicado en Caracas, Venezuela, que informa sobre América Latina y ocasionalmente sobre el Oriente Medio.

Fotografía por Girish Gupta.

Fuente: Gupta, Girish. “The scrape: life among Venezuela’s have-nots”. The New Yorker, 6 de marzo de 2014.

http://www.newyorker.com/online/blogs/currency/2014/03/venezuela-protests-black-market-economic-controls.html

Traducido por #infoVnzla

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